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Una nueva reforma sobre la ley del aborto, un nuevo retroceso

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Lola Fuentes

La modificación de la ley del aborto aprobada el pasado 9 de Septiembre por el Partido Popular, vuelve a azotar a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad

El jueves pasado, se aprueba definitivamente, la reforma a la controvertida ley del aborto, suponiendo  una vez más, un retroceso en derechos y libertades, un descaro abandono  de intervenciones educativas-preventivas y una firme apuesta por políticas prohibitivas.

La referida reforma, obliga a las menores de 16 y 17 años contar con el consentimiento paterno para poder ejercitar su libre decisión de interrupción de un embarazado no elegido o no deseado, destrozando con ello, los logros que con tantos esfuerzos ha ido consiguiendo la mujer en las últimas décadas.

Hasta ahora, la  bajada del número de abortos era continúa y considerable, pudiendo la mujer decidir libremente hasta las 14 semanas de embarazo si interrumpir o continuar con él.

Yen su campaña electoral, cuando concurre a las elecciones de 2011, el Partido Popular, para dar respuesta a las demandas exigidas por sus votantes más conservadores y religiosos, anuncia su deseo de reformar esta ley.

Su primer intento, lo presenta Alberto Ruiz Gallardón, entonces Ministro de Justicia, quien plantea que solo se podría abortar cuando concurrieran determinados supuestos, como violación, riesgo para la salud de la mujer, malformación del feto. Esta propuesta afortunadamente no llegó a ver luz verde.

La actual reforma llega sin necesidad social que la demande, sin justificación, con una petición expresa de la ONU de su retirada, por entender que la misma es incompatible con los Derechos Humanos, es contraria a las obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño.

Los datos oficiales rebelan, que el  mayor porcentaje de abortos (un 43%), se produce en mujeres con una edad comprendida entre los 20 y 30 años. El porcentaje más reducido un (12%) se da en las menores de 20 años.

Pedir el consentimiento a sus progenitores para interrumpir el embarazo, como exige esta reforma, además de atentar contra la libertad de la mujer, la hace más vulnerable ante situaciones de desprotección,  en los que la menor sufra abuso sexuales en su familia,  viva el horror  de la violencia doméstica,  no tengan apoyo de su entorno familiar… ¿En estos casos, se  supone, que habrán de pedir que les  autorice para interrumpir su embarazo, al mismo agresor?

La reforma para estos casos establece que ante conflictos familiares se sustituya la decisión de la mujer por lo que decida un juez, sin aclarar procedimiento alguno.

Estas mujeres de 16 y 17 años, a los que la reforma le sustrae descaradamente su derecho a  elegir, a decidir, sin embargo, siguen teniendo obligaciones. Estas menores podrán trabajar con jornadas de 40 horas, tendrán obligaciones con la Seguridad Social, tendrán responsabilidad judicial en caso de cometer algún ilícito penal, deberán de dar su consentimiento ante cualquier intervención quirúrgica a las que sean sometidas, por muy agresivo que sea el tratamiento a las que se le someta… Sin embargo el sistema les roba su libertad y  derecho a decidir si desean continuar o no con un embarazo no deseado o no elegido.

La influencia de la iglesia, la cultura del machismo, logra que la mujer vuelva a vivir y sentir, un retroceso en sus derechos, empujando a muchas, ante esta lamentable situación de desprotección y conducidas por el miedo, a interrumpir su embarazo en lugares insalubres, clandestinos e inseguros.

De nuevo, antes situaciones de desprotección y limitación de Derechos y Libertades, volvemos a tener una respuestas pasiva de la ciudadanía.

* Lola Fuentes es licenciada en Derecho en 2004. Trabaja en el ámbito penal, penitenciario y de familia. Además, es voluntaria militante desde el 2002 en movimientos sociales con personas en exclusión social. Con despacho propio y trabaja con mujeres que sufren la violencia de género. Colabora activamente con la federación Liberación que trabaja para dignificar la calidad de vida de personas drogodependientes y con movimientos que luchan contra los abusos bancarios

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